El Proteccionismo no es el camino

En la actualidad existen dos tipos de políticas económicas, estamos hablando del Liberalismo económico y el Proteccionismo.

El liberalismo económico es el componente económico del liberalismo clásico. Se trata de una filosofía económica que apoya y promueve la economía del laissez-faire (dejar hacer). Los partidarios del liberalismo económico creen que la libertad política y libertad social son inseparables de la libertad económica, y utilizan argumentos filosóficos promocionando la libertad para justificar el liberalismo económico y el libre mercado. Se opone a la intervención del gobierno en el mercado libre, apoya en su totalidad al libre comercio y la competencia contrastando con el mercantilismo, el keynesianismo y el socialismo.

Por otro lado tenemos el Proteccionismo el cual a diferencia del Liberalismo es una política económica que restringe el comercio entre los Estados, a través de métodos tales como los aranceles sobre las mercancías importadas, las cuotas restrictivas, y una variedad de otras regulaciones del gobierno diseñado para desalentar las importaciones y evitar la toma de control exterior de los mercados internos y las empresas.

Esta política está estrechamente alineada con la anti-globalización, y contrasta con el libre comercio, donde las barreras gubernamentales al comercio y movimiento de capitales se mantienen al mínimo. El término se utiliza sobre todo en el contexto de la economía, donde el proteccionismo se refiere a las políticas o doctrinas que protegen a las empresas y los trabajadores dentro de un país por restringir o regular el comercio con las naciones extranjeras.

Hoy en día la economía se mueve a un ritmo mucho más acelerado, las naciones que en lugar de abrir sus puertas al libre comercio imponen grandes barreras arancelarias y aplican medidas proteccionistas extremas corren el riesgo de quedar aislados del resto del mundo condenando a sus ciudadanos al atraso y la pobreza.

Los opositores del libre comercio suelen argumentar que la teoría de la ventaja comparativa para el libre comercio ha perdido su legitimidad en un mundo globalmente integrado en la que los capitales son libres de moverse a nivel internacional. Herman Daly, una voz destacada en la disciplina de la economía ecológica, hace hincapié en que, si bien la teoría de Ricardo de la ventaja comparativa es una de las teorías más sólidas de la economía, su aplicación hasta la actualidad es ilógica: "La libre movilidad de capitales elimina la teoría de la ventaja comparativa de Ricardo puesto que esta alegación se basa explícita y esencialmente sobre el capital (y otros factores). En la nueva economía global, el capital tiende simplemente a fluir hacia donde los costes sean más bajos, es decir, para perseguir la ventaja absoluta ". Los críticos del Proteccionismo argumentan que este perjudica a la gente que pretende ayudar, a raíz de esto muchos economistas tradicionales prefieren apoyar el libre comercio. La teoría económica, en virtud del principio de ventaja comparativa, muestra que los beneficios del libre comercio superan ampliamente las pérdidas, debido en gran parte a que el libre comercio genera más empleos de los que elimina, ya que permite a los países especializarse en la producción de bienes y servicios en los que tienen una ventaja comparativa. Según el economista Stephen P. Magee, los beneficios del libre comercio son mayores que las pérdidas hasta en un 100 a 1.

La mayoría de los economistas, incluyendo a Milton Friedman y Paul Krugman, consideran que el libre comercio ayuda a los trabajadores en los países en desarrollo, aunque no estén sujetos a las estrictas normas de salud y laborales de los países desarrollados. Esto es porque "el crecimiento de la producción - y de la miríada de otros trabajos que el sector de exportación crea - tiene un efecto multiplicador en toda la economía", que fomenta la competencia entre los productores, el aumento de los salarios y como consecuencia la mejora de las condiciones de vida.

Estos economistas han sugerido que los que apoyan el proteccionismo aparentemente para favorecer los intereses de los trabajadores del tercer mundo en realidad sólo tratan de proteger los empleos en los países desarrollados. Además, los trabajadores en el tercer mundo sólo aceptan puestos de trabajo si son los mejores que se ofrecen, el hecho que acepten trabajos mal remunerados de las empresas del primer mundo demuestra que las perspectivas de empleo en sus países son peores.

Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal norteamericana, ha criticado las propuestas proteccionistas ya que según él estas llevan "a una atrofia de nuestra capacidad competitiva. Si seguimos la ruta de los proteccionistas las industrias más eficientes tendrán menos posibilidades de expandirse por ende la producción en general y el bienestar económico sufrirán las consecuencias. "

Existe un gran número de ejemplos que muestran como las economías más exitosas de hoy en día son precisamente las economías más abiertas y las más aisladas son aquellas economías que implementan medidas proteccionistas. Un buen ejemplo de los beneficios del liberalismo económico sería Corea del Sur, este país es conocido como el mayor de los cuatro tigres asiáticos, la economía de Corea del Sur es la cuarta más grande en Asia.

En 2009, Corea del Sur superó el Reino Unido, Rusia y Canadá para convertirse en el octavo mayor exportador del mundo. Corea del Sur es un importante socio comercial de las economías más grandes del mundo es el tercer mayor socio comercial de China y Japón, el séptimo socio comercial más grande de los Estados Unidos y el octavo mayor socio comercial de la Unión Europea.

Por otro lado está Corea del Norte una de las economías más aisladas del mundo cuyo sistema económico proteccionista y centralista ha detenido el crecimiento económico de esta nación condenando a sus ciudadanos a la pobreza y al racionamiento de alimentos y energía eléctrica.

El proteccionismo, lejos de ayudar a las naciones a desarrollarse, las condena al atraso y la pobreza y los argumentos antes planteados lo evidencian. Si bien es una reacción natural el hecho de proteger intereses económicos inmediatos cuando parecen amenazados a corto plazo sin pensar en las consecuencias a largo plazo.

El liberalismo económico apoyado sobre una sólida base institucional, una inversión previa en una estructura económica capaz de competir y que tenga en cuenta los sectores que sufren un impacto negativo, generará un mayor nivel de vida y el desarrollo de todas las naciones.

Alberto Espinosa

Estudiante de Relaciones Internacionales

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Welcome to North Korea. Rule No. 1: Obey all rules, Steve Knipp,

Condicionalidades del FMI Y BM: ¿una injusticia para países en desarrollo?

La principal reclamación de los países en desarrollo frente a las instituciones de Bretton Woods (FMI Y BM) ha sido siempre la posibilidad de obtener mayores corrientes de recursos financieros, con las mayores facilidades de financiación y con las menores condiciones posibles.

Como es sabido, los recursos para la asistencia monetaria del FMI provienen básicamente de las cuotas con que los Estados miembros contribuyen al Fondo. Las cuotas son determinadas en función de fórmulas que combinan diversos indicadores, como la renta nacional de cada país, sus reservas de divisas y el volumen de su comercio exterior. Esta cuota, aparte de incidir en la determinación del número de votos, determina asimismo la cantidad máxima de dinero de que puede disponer cada Estado miembro. Las distintas vías de financiación del FMI establecen siempre un límite máximo para cada Estado miembro en términos de porcentaje sobre su cuota.

La absurda lógica del encadenamiento entre factores de determinación de la cuota, fijación de la misma, topes de acceso a los recursos y condicionalidad, implica necesariamente que cuanto menos ingresos tiene el país, menor será su cuota, menor por tanto el volumen de recursos a los que puede acceder y mucho más severas las condiciones para obtenerlos .A la inversa, los países más ricos, tienen la posibilidad de acceder a volúmenes muy superiores de financiación, evitando normalmente la condicionalidad. Además, el FMI dispone de una sanción absolutamente eficaz para garantizar que el prestatario cumple las condiciones fijadas: la suspensión de la asistencia.

En el caso de Nicaragua la aplicación de las políticas de ajuste, unidas a la exigencia de la reducción de la deuda. Ha repercutido en un conjunto de aspectos mutuamente relacionados: los recortes de los subsidios estatales a la alimentación; la reducción de los gastos sociales en educación, sanidad o transportes; la privatización de empresas públicas; el aumento del desempleo; los desplazamientos masivos de población hacia las ciudades; la reducción de los salarios; el incremento de las cargas fiscales y las restricciones al crédito interno; la destrucción de pequeñas y medianas empresas; la devaluación de las monedas y la reducción de los ingresos por exportación.

De igual manera el FMI también ha exigido modificaciones permanentes a la propia Ley de Municipios y la Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios, al Código Tributario y a la Ley de Estabilidad Energética. Se extiende hasta la exigencia de un nuevo plan para la reforma de la seguridad social y un plan para la implementación de la “Ley de Responsabilidad Fiscal”, incluyendo "considerar" la realización de las reformas constitucionales que el FMI estime pertinentes para la "implementación exitosa" de esta ley.

Como condición para el “éxito” de la Ley, el FMI estima de fundamental considerar reformas a la propia Constitución Política del país para lograr que los presupuestos de entidades dotadas de autonomía financiera y administrativa, e incluso política (municipalidades) se subordinen a este esquema.

Si bien en el pasado las “condicionalidades” del FMI se limitaban al período de vigencia del acuerdo con este organismo, y principalmente a la denominada condicionalidad macroeconómica, lo novedoso de la misma en el actual contexto, es que esta quedando "incrustada" de manera permanente dentro del propio marco legal e institucional vigente en el país.

El comportamiento y el funcionamiento de las instituciones de Bretton Woods aparecen como incompatibles con algunos de los principios fundamentales, de base consuetudinaria, recogidos en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y desarrollados en la Resolución 2.625 (XXV) del 24 de octubre de 1970. Me refiero, básicamente, al principio de la igualdad soberana de los Estados, al principio de no intervención, al principio de la libre determinación de los pueblos y al principio del respeto a los Derechos Humanos.

De una parte, el FMI y el Banco Mundial han violado y violan el derecho a la elección por cada Estado de su sistema económico, político y social, al condicionar la cooperación a la modificación de las políticas internas y al ejercer una estrecha supervisión de las mismas bajo la amenaza de una suspensión de la asistencia. En efecto, "cuando, bajo la cobertura de la cooperación, se presiona a un Estado para adoptar pautas de conducta política o económica concretas, más que cooperación, hay dominación" .

Un informe reciente del Banco Mundial en que se evalúan los avances conseguidos por la propia institución en la reforma de la condicionalidad, indica que una de cada cuatro condiciones de política impuestas por el Banco Mundial en 2006 se refiere a reformas económicas. Un estudio realizado en 2006 por el gobierno noruego sobre la condicionalidad del FMI puso de manifiesto que de 40 países pobres con préstamos del FMI, 26 seguían condicionados a la privatización y a la liberalización.

No obstante sería un error atribuir toda la responsabilidad a las instituciones financieras internacionales, Lo que cabe poner en cuestión no son solamente las políticas del FMI y el BM; Como se ha visto, de hecho, el FMI y el Banco Mundial actúan, porque así se lo permiten en gran medida sus convenios constitutivos, como instrumentos al servicio de los intereses de los países más industrializados y de las principales empresas transnacionales. Por otra parte, precisamente estas organizaciones, caracterizadas por la concentración del poder de decisión en unos pocos Estados, no hacen a menudo más que dar una cobertura jurídica a lo que esos mismos Estados han decidido previamente.

No conviene tampoco olvidar la responsabilidad de los Gobiernos de los países en desarrollo. La mala gestión de la asistencia, la fuga de capitales, el incremento de las desigualdades sociales internas, el despilfarro en gastos de defensa, la falta de participación y en general la connivencia de los segmentos dominantes de la sociedad con las políticas de ajuste, han sido ocultadas con frecuencia tras la cortina del FMI y el Banco Mundial. Un análisis caso por caso demostraría sin duda que el margen de maniobra de los Gobiernos prestatarios no es siempre nulo y que, en muchos casos, contribuyen con sus decisiones a agravar las consecuencias de las políticas que les imponen. En esa medida podría considerarse una responsabilidad concurrente de los mismos.

Por lo tanto Los gobiernos de los países en desarrollo deben velar por que sus procedimientos presupuestarios y de gastos sean transparentes y conlleven rendición de cuentas, y velar también por hacer partícipes a los parlamentos y a la sociedad civil en la toma de decisiones a nivel nacional y en la fijación de objetivos para la reducción de la pobreza.

Al igual que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial deben dejar de vincular la ayuda a condiciones de política económica y reducir al mínimo los objetivos cuantitativos (déficit fiscal, salarios o metas de inflación), deben empezar a fomentar la condicionalidad basada en los resultados, vinculando la ayuda a objetivos de reducción de la pobreza que pasan fundamentalmente por cambiar la estructura económica y por impulsar políticas fiscales redistributivas sin las cuales no se podrá llegar a una reducción sustancial de la pobreza.

Mabel Watson

Estudiante de Relaciones Internacionales


























BIBLIOGRAFIA

• El Banco Mundial presentó nuevos lineamientos (OP/ BP 8.60) para su apoyo financiero al desarrollo en el 2004, que cubren el tema de la condicionalidad. Se pueden encontrar en http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf/tocall/AD55139DFE937EE585256EEF00504282
• OXFAM, Nicaragua. (2006). Las condicionalidades del FMI en Nicaragua. Se puede encontrar en www.oxfamamerica.org
• FMI, 2005. Evaluación de la Condicionalidad Estructural en Programas Respaldados por el FMI. Washington. 2005b Revisión del FMI sobre los Lineamientos de Condicionalidad de 2002 preparados por la política del 3 marzo, 2005. http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2005/030305
• Eurodad 2003, Streamlining Of Structural Conditionality - What Has Happened?http://www.eurodad.org/uploadstore/cms/docs/Streamliningfinal.
• Banco Mundial, 2005. Nicaragua at a Glance: http://devdata.worldbank.org/AAG/nic_aag
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PROTECCIONISMO AGRICOLA ¿A QUIENES AFECTA EN VERDAD?

Actualmente la United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) reconoce que las materias primas agrícolas son el medio de subsistencia de más de 2 mil millones de pequeños productores, lo que genera dependencia, vulnerabilidad y otros impedimentos para el desarrollo económico. De 141 países en desarrollo, 95 dependen en más del 50% de la exportación de productos básicos.[1]
Estos hechos explican la atención que se le está otorgando a los productos primarios en la conferencia de la UNCTAD, y la presión que ejercen varias organizaciones ciudadanas que están realizando campañas para demostrar los impactos negativos de los malos términos de intercambio y de los esquemas proteccionistas en los países industrializados.
El proteccionismo agrícola ha mantenido fuerte vigencia. Como es sabido, el proteccionismo agrícola es mucho más acentuado en los países desarrollados que en los países en desarrollo y que en los países pobres, tanto por la variedad de productos que incluye como por la suma de recursos utilizados a tal fin.
Según informe realizado por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) A pesar de la reducción del proteccionismo agrícola en la década del noventa, de la ronda Uruguay del GATT y de los acuerdos de la OMC (WTO), su cuantía y sus efectos continúan siendo muy significativos.[2]
Y tal ha sido el caso que el crecimiento agrícola de los países en desarrollo se redujo a un 2,2 por ciento anual durante los últimos diez años, en comparación al 3,4 por ciento registrado en la década anterior. Si bien el comercio agrícola ha crecido en términos absolutos durante la última década, su participación en el comercio total se redujo a menos de un 10 por ciento.

La política proteccionista de los países desarrollados hacia su propia agricultura, con altos precios internos de sustentación, fuertes subsidios, altas tarifas arancelarias y diversas y numerosas medidas no arancelarias, limita la demanda de los bienes provenientes de los países en desarrollo, y convierte a los países en desarrollo en importadores.
En una de las reuniones del encuentro patrocinado por la Organización de las Naciones Unidas, el Grupo de los 77 dio a conocer un informe según el cual los países industrializados dedican a los subsidios agrícolas inversiones seis veces mayores que las concedidas a la Ayuda al Desarrollo.[3]
Según el recién publicado informe Las Barreras Comerciales de la Unión Europea son Mortales, del Centro para la Nueva Europa (CNE), La Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Canadá representan alrededor del 75% de la producción mundial y son los mercados más grandes de exportaciones de los países pobres. La UE destruye las ventajas comparativas de los países pobres en alimentos y textiles, principalmente por medio de altos aranceles que promedian el 20% y alcanzan hasta el 250%. Luego, la UE mantiene subsidios agrícolas masivos, llamados Política Agrícola Común, por un total de $41.000 millones al año, o sea de $14.000 dólares anuales por cada agricultor europeo.[4]
Esos subsidios también provocan inmensos excedentes agrícolas, de los cuales los europeos se deshacen volcándolos en el mercado internacional, deprimiendo deslealmente los precios y poniendo en peligro la supervivencia de los campesinos no subsidiados de los países en desarrollo. Una de esas locuras es el hecho que la UE gasta $3.000 de dólares al año subsidiando la azúcar de remolacha y, al mismo tiempo, le fija un alto arancel a la muy barata azúcar de caña de los países pobres.
Los pequeños productores de los países en desarrollo sufren diversos tipos de perjuicios generados por las políticas agrícolas de los países ricos. Los subsidios a la producción que se otorgan en el norte reducen los precios de los productos agrícolas. Al no poder competir con sus rivales subsidiados, los productores agrícolas más pobres del mundo se ven forzados a abandonar los mercados internacionales, e incluso a veces los nacionales.

Asimismo el documento de la Comisión Económica Para America Latina y el caribe (CEPAL) agrega que los países en desarrollo pierden alrededor de US$ 40 mil millones por año por menos exportaciones debido al proteccionismo agrícola de los países desarrollados. Sin trabas proteccionistas, las exportaciones agrícolas de los países en desarrollo se triplicarían. La mayor pérdida la tienen los países de América Latina, alcanzando a US$ 14.70 mil millones.

También, la CEPAL señala que la pérdida de ingresos netos de los países en desarrollo por el proteccionismo agrícola de los países industrializados por región expresado en millones de dólares anuales es de alrededor de US$ 24 mil millones, de los cuales América Latina pierde US$ 8.26 mil millones, es decir, la mayor cantidad.

El documento agrega que los países menos desarrollados enfrentan aranceles más altos
sobre sus exportaciones a los países industrializados (2.5 veces más alto). Además, los países industrializados se aplican entre sí aranceles del 1% sobre sus importaciones de
Manufactura, pero cobran 5% a las provenientes de Asia del Este, 6% a las del Medio Oriente y 8% a las del Sur de Asia, lo que atenta contra sus posibilidades de desarrollo.[5]

Las investigaciones hechas por la organización mundial del comercio (OMC) han demostrado que como sector, el agrícola absorbe en el hemisferio una considerable porción de la población económicamente activa, a la vez que participa con un elevado porcentaje en el producto interno bruto (PIB) de las economías y en sus exportaciones. El comercio agrícola en el hemisferio occidental totaliza US$ 299 billones, representando 30% del total del comercio agrícola mundial y 9% del volumen comercializado en la región.[6]

De manera tal que no es de extrañar que la agricultura sea para muchos países una cuestión estratégica, y que la eliminación de los subsidios a la producción y a la exportación sean asuntos muy sensibles. Resultado de ello, por ejemplo, los importadores netos de productos agrícolas, —quienes dependen fuertemente de importaciones de bajo costo—, se resisten a la eliminación de incentivos a las exportaciones del mundo desarrollado; mientras que países como Brasil y Argentina, en tanto, para los cuales la agricultura es un sector competitivo y con un gran potencial para generar superávit en el balance comercial, trabajan por una mayor liberalización.

Las distintas posiciones en torno a la liberalización del comercio agrícola parecen resultar difíciles de conciliar y el sector es hoy el más decepcionante de todos en materia de negociaciones; un sector en el cual la mayoría de los obstáculos parecen haberse sido encontrados y en el que los países desarrollados continúan implementando importantes barreras tarifarias y no tarifarias al comercio, y cuenta con políticas económicas que distorsionan los patrones de producción.[7]

Es notorio que las normas que aplica el norte en materia de restricción de las importaciones y subsidios a la producción explican dos de las características del sistema mundial del comercio agrícola que se mantienen intactas dentro del marco de la globalización: lento ritmo de crecimiento y predominio continuado de los países industrializados. El proteccionismo agrícola de los países ricos les permite inclinar los mercados en su favor. Los aranceles y las barreras comerciales excluyen de forma rutinaria a los productos de los países en desarrollo. Otras barreras no arancelarias, tales como reglamentaciones fitosanitarias que no son transparentes, ofrecen también impedimentos adicionales a los agricultores pobres que procuran ingresar al mercado global.

Mabel Watson

Estudiante de Relaciones Internacionales

[1] United Nations Conference on Trade and Development
www.unctad.org
[2] www.wto.org/indexsp.htm
[3] www.onu.org.uy
[4] El mortal proteccionismo agrícola europeo
Richard W. Rahn es Director del Center for Economic Growth y académico asociado al Cato Institute.
www.cne.org/esp_about2.htm
[5] Comisión Económica Para America Latina y el caribe
cepalnacionesunidas.com.ar
[6] organización mundial del comercio
www.omc.org
[7]Las normas sanitarias pueden representar grandes escollos para exportar bienes agrícolas hacia los países desarrollados. Véase, como ejemplo de una de las tantas anécdotas, la odisea comentada por Cohen (2004): “Como un mango tardó 14 años en llegar a EE.UU”, The Wall Street Journal Americas, junio 4, p. 6.

Experiencia integracionista centroamericana: disparidad entre iguales

Hagamos de la expresión que siempre armonía sea,
y hagamos de cada idea una cristalización.
Rubén Darío

Recientemente, la región centroamericana ha desplegado un dinamismo acelerado en busca de un mejor acceso a sus mercados tradicionales y de incursión a nuevos mercados. Es así como se ha beneficiado la adopción de múltiples instrumentos comerciales para la liberalización del comercio, sin embargo, esta situación varía de un país a otro, y precisamente son esos resultados obtenidos individualmente los que representan uno de los primeros obstáculos a superar en la consolidación de la ansiada integración económica centroamericana.

Por razones históricas, culturales y geográficas, se infiere que naturalmente Centro América tiende a integrase como bloque económico en la coyuntura actual dónde funcionan mejor las economías integradas en términos de competitividad. Con el término “integración” hacemos referencia a acuerdos entre estados nacionales que en su negociación y definición suscriben, libre, consciente y voluntariamente, compromisos para profundizar su interdependencia[1]. El caso centroamericano no es reciente, más bien ha sido una intención, un proyecto y un proceso de vieja data, pues, oficialmente el Mercado Común Centroamericano (MCCA) nació con el Tratado General de Integración de 1960.

Se considera que el MCCA ha tenido 3 fases: integración regional hacia adentro, que no logró el objetivo fundamental de industrializar la región (1960- 1989). Luego del primer estancamiento, se intenta la integración regional hacia afuera, donde la década de los noventa significó para Centroamérica un período de apertura y profundización de sus vinculaciones externas, aunque en el plano intrarregional la marcha fue dispar. Las acciones que resumen mejor este período son cuatro: ajuste, privatización, apertura y liberalización[2], a pesar de ello, no se logró la expansión deseada de las economías. La tercera fase plantea la formalización de la integración comercial, financiera y monetaria centroamericana, basada en el dólar.[3]

Una región integrada, con posición geográficamente estratégica y de unos 40 millones de personas, puede representar sus intereses económicos de forma más eficaz a escala mundial que a nivel individual. El área de libre comercio Centroamericano, como era de esperarse, ha revitalizado la actividad comercial intrarregional, interregional e internacional. El valor del intercambio comercial de mercancías de Centroamérica con el mundo ha venido evolucionado muy favorablemente en los últimos años. En el período 2003-2008, creció a una tasa promedio anual del 14.7 por ciento. El intercambio comercial total de mercancías de Centroamérica con el mundo para el año 2008 alcanzó US$ 70,044.3 millones, de los cuales el 30.9% corresponde a las exportaciones centroamericanas al mundo y el 69.1% a las importaciones procedentes del mundo, lo que hace que la región muestre una balanza comercial deficitaria para este año de US$ 26,742.9 millones.[4]

Según datos oficiales de la SIECA de 2008, el principal socio económico de la región es Estados Unidos, pues le exportamos el 31.6% de nuestras mercancías, y nos venden el 33.4% de nuestro importe total. Como segundo socio económico lo constituye el propio MCCA, con participación del 29.4% en exportaciones y 12.7% en importaciones; en la lista le sigue la Unión Europea, que ostenta participación de 13.2% en exportación y 8.8% en importes. A continuación aparecen México, Panamá, China Popular, CARICOM, Canadá, República Dominicana, Japón, Venezuela, Chile, con menores (aunque importantes) índices de participaciones.

Es necesario destacar la importancia de los intercambios comerciales de los países centroamericanos con aquellos países con los que se han suscrito tratados de libre comercio, sea como región o en forma individual (Estados Unidos, México, Centroamérica, Panamá, Canadá, República Dominicana, Chile y CARICOM), pues su participación dentro del intercambio total de la región para el año 2008 alcanzó el 71.9% de las exportaciones de Centroamérica al mundo y el 58.1% de sus importaciones totales[5]. Sin embargo, de sumo interés es comprender qué implicaciones representa para las economías de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica y para el MCCA la multiplicidad de tratados comerciales y de procedimientos adoptados para negociar la apertura de sus mercados habituales y extraños.

Uno de los primeros mecanismos de complementación económica suscritos por Centroamérica fue el acuerdo de Tuxtla de 1991, el cual dio origen a los acuerdos de libre comercio entre Costa Rica y México en 1994, entre Nicaragua y México en 1997 y entre El Salvador, Guatemala, Honduras (Triángulo del Norte) y México en 2000. A éstos le siguieron la suscripción de acuerdos de libre comercio, ya sea individual o colectivamente con República Dominicana (1998), con Chile (1999), con Canadá (2001), con Panamá (2002), con la Comunidad del Caribe (CARICOM) (2004), con Estados Unidos (2004) y con la provincia China de Taiwán (2005). Actualmente se acaba de firmar una asociación económica con la Unión Europea. Todos estos acuerdos son muestra de la activa agenda centroamericana de comercio extrarregional[6].

El dinamismo económico observado en cada uno de las 5 repúblicas varía de una economía a otra, unos con más beneficios que otros. De acuerdo con la Cepal, en 1990, 24% de los 20 rubros de exportación más importantes eran textiles, mientras que en 2000 esos productos representaban 50,7% del total. Otros bienes que avanzaron en las exportaciones de Centroamérica en 2000 son los circuitos electrónicos integrados (su contribución al total de las exportaciones a los Estados Unidos era de 2,7% en 2000 y 3,7% en 2002), los instrumentos y aparatos médicos y de cirugía (1,5% en 2000 y 2,7% en 2002), ambos originarios principalmente de Costa Rica y El Salvador. Asimismo, el comercio intrarregional es diverso: los alimentos y las bebidas representaron algo más del 30% del comercio intrarregional en 2007, y se comerció una amplia gama de bienes manufacturados entre todos los países de la región, como productos farmacéuticos (12%), plásticos, cables y productos trefilados, y productos derivados del papel[7]. Guatemala y Costa Rica son exportadores netos a la región, mientras que Costa Rica es el país con un nivel más bajo de importaciones provenientes de la región. Honduras y Nicaragua, aún cuando son los que menos venden, alcanzaron el mayor dinamismo por el lado de las exportaciones, con una tasa de crecimiento promedio anual del 23.6% y 17,2% respectivamente.

Podemos notar destacables diferencias entre las 5 economías que conforman el MCCA a partir del Producto Interno Bruto de cada uno. En el 2006, el mayor PIB fue el de Guatemala con $35 285,1 millones de dólares, seguido de Costa Rica con $22 147,3 millones de dólares; la tercera posición corresponde a El Salvador con $18 574,0 millones de dólares; luego aparece Honduras que suma $9 301,0 millones de dólares y finalmente está Nicaragua con $5 300,8 millones de dólares. Sin embargo, Costa Rica es el país con mayor PIB per cápita ($ 5 031,4 miles de dólares) y la discrepancia con Nicaragua, que registra el menor PIB per cápita ($958,6 dólares) es muy considerable.

La firma del convenio marco para la unión aduanera de América Central (diciembre de 2007) significó un paso muy importante para la creación de esta unión. Ello implica la aplicación de un Arancel Externo Común (AEC), es decir, se imponen un arancel idéntico a los bienes provenientes de países no miembros independientemente del punto de entrada en la zona y aplicación de procedimientos y controles similares en todas las aduanas periféricas. Es indispensable señalar que entre las condiciones críticas para el desarrollo de esta unión aduanera, se encuentra la adopción de una política comercial externa común por parte de los países miembros, pues desde la fase de integración regional hacia afuera, la adopción de sus compromisos individuales dificulta la concertación de la AEC y aunque se actualmente se ha avanzado considerablemente, todavía falta consenso sobre los productos sensibles de cada país: a mediados de 2007, del total de 6.194 rubros arancelarios del Sistema Arancelario Centroamericano 5.860 rubros se encontraban armonizados, lo que representaba 94,6%, mientras que 334 (5,4%) aún no lo estaban[8] (incluye café, azúcar de caña, alcohol etílico, bebidas alcohólicas destiladas, entre otras).

En conclusión, a pesar de la notable voluntad política por consolidar el proyecto integracionista, debemos reconocer que el inicio exitoso de la inserción regional vendría a ser la comprensión de la persistencia y el agravamiento de las disparidades intrarregionales y que éstas conforman uno de los primeros obstáculos a vencer en la integración. Tales disparidades económicas no sólo se dan entre los 5 países, sino también entre sectores productivos y regiones en los dichos países. Este proceso genera ganadores y perdedores, y es necesario en este contexto crear mecanismos para distribuir de forma equitativa las ganancias netas. Por lo tanto, para que el desarrollo pleno del regionalismo sea sostenible y equilibrado, es necesario establecer mecanismos de compensación cuya norma de funcionamiento sea el criterio de la equidad.

Tatiana Gabriela Morales Toval
Estudiante de Relaciones Internacionales


[1] Véase Delgado Rojas, Jaime. El Sistema de la Integración Centroamericana y la integración social. Instituto Centroamericano de Estudios Sociales (ICAES). Guatemala, Julio, 2004. Pág. 5

[2] Véase Zapata, Ricardo. Pasado, presente y futuro del proceso de integración centroamericano. CEPAL - SERIE Estudios y perspectivas – Sede Subregional de la CEPAL en México. México, D.F., noviembre de 2001. Pág 19

[3] Véase Ibídem, pág. 23

[4] Véase Informe ESTADO DE SITUACIÓN DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA. Secretaria de
Integración Económica Centroamericana, Guatemala, Octubre de 2009. Pág. 5

[5] Véase Ibídem, pág. 7
[6] Véase Schatan, Claudia. Integración regional e integración con Estados Unidos. El rumbo de las exportaciones centroamericanas y de República Dominicana. CEPAL - SERIE Estudios y perspectivas – Sede Subregional de la CEPAL en México. México, D.F., Enero de 2008. Pág. 14

[7] Véase Herrero Acosta, Fernando. LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA: BENEFICIOS Y COSTOS. CEPAL - SERIE Estudios y perspectivas – Sede Subregional de la CEPAL en México. México, D.F. Marzo de 2004. Pág. 62

[8] Véase Schatan, Claudia. Op. cit. Pág. 17

Globalización: ¿Internacionalización o Desnacionalización?

“Lo que hoy en día se vende como ciencias económicas
es en realidad una ideología, una religión…”

Joseph Stiglitz

El fenómeno Globalización marcó el inicio de extensas disputas, debates y desacuerdos internacionales en torno a un todo: para unos la historia, para otros las relaciones y para mí: la realidad. En el asiático,ésta es la oportunidad de crecer y desarrollarse, mientras que en el latinoamericano, es ocasión de apasionados e intensos discursos ante lo que considera un peligro. Pero ante el nuevo escenario de creciente interdependencia entre los países desarrollados y los países en desarrollo, se resalta la necesidad inminente de solidaridad entre ellos, a fin de conseguir en beneficio mutuo.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) "La globalización es una interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo de la difusión acelerada y generalizada de tecnología". Con ello, asumimos de inmediato un significativo aumento de la producción global, habiendo espectaculares cifras que ratifican la validez y vigencia de dicho fenómeno: de acuerdo con la OMC[1], en el 2008 el PIB mundial real aumentó en 1.5%, equivalente a 60 587 016 millones de dólares[2] (a pesar de la recesión económica), incremento que está indudablemente relacionado con el rápido crecimiento del comercio internacional.

De acuerdo al profesor Jordi Canals de la Universidad de Navarra “el aumento espectacular de los flujos de bienes, servicios e inversión directa entre países ha sido posible gracias a la reducción de los costes de transporte y comunicaciones y a la extensión generalizada del libre comercio…la internacionalización de la empresas ha provocado una expansión sin precedentes del comercio mundial y ha contribuido a la globalización de los mercados”[3]. Otros beneficios que podemos resaltar de dicho fenómeno es el crecimiento de la Inversión Extranjera Directa (por ejemplo, pasó de $500 billones en 1980 a $4 100 billones en 1998, según la UNCTAD) y el acrecentamiento de los movimientos internacionales de capital, que de acuerdo a cálculos del FMI, para 1996 el flujo neto hacia los países en desarrollo era de $79 000 millones.

Todo ello se traduceen diversas mejoras en cuanto a precios, cantidad, calidad y variedad de bienes y servicios ofrecidos a consumidores cada vez más exigentes en la satisfacción de sus necesidades básicas y creadas. Asimismo, el progreso es perceptible para los países en desarrollo cuando su crecimiento económico depende de las exportaciones… y cuando las empresas multinacionales crean empleos en sus países, por lo general con salarios superiores a los de otros empleos que requieren aptitudes similares[4]. Es decir, estamos ante lo que Wolovick considera como una gran red de relaciones con una dinámica autónoma. Y se considera autónoma porque requiere de la menor presencia de un Estado regulador, del incremento de la libre competencia y la mayor influencia del sector privado.

Pero entonces, ¿la globalización es homogenizar el modus vivendi del mundo a través del intenso intercambio comercial? Es erróneo pensar que sí, puesto que el fenómeno no está evolucionando de manera equitativa. Como prerrequisito de incorporación a la nueva economía mundial, en cada país es necesario asegurar un sólido marco institucional y una política de orden que se adapten a la nueva condición internacional de “aldea global”, considerando que la globalización producirá algunos perdedores, especialmente aquellos incapaces de concertar su propio destino. Para países como Nicaragua, la globalización conducida desde los países desarrollados, no ha significado una inserción simétrica entre naciones, es decir, que dicho proceso no ha tomado en cuenta las realidades y particularidades socioeconómicas de su economia (caso de los Tratados de Libre Comercio, el marco legal, el gasto público, las políticas tributarias)[5] y como consecuencia no ha podido aprovechar el fenómeno de la globalización.

Contrario a lo que difunde el FMI y el Banco Mundial, no existen fórmulas mágicas que por sí solas conduzcan a un país a la exitosa inserción en la globalización y alcanzar sus beneficios, basta con estudiar el caso de la “alumna ejemplar” Argentina. Más bien, el éxito o fracaso está ligado en mayor medida al tipo de políticas económicasespecíficas que se aplicaron en las diferentes experiencias de apertura e inserción externa. Así pues, como explica Joseph Stiglitz, en su ensayo El malestar de la globalización “…la globalización -la supresión de las barreras al libre comercio y la mayor integración de las economías nacionales- puede ser una fuerza benéfica y su potencial es el enriquecimiento de todos, particularmente los pobres; pero también creo que para que esto suceda es necesario replantearse profundamente el modo en el que la globalización ha sido gestionada, incluyendo los acuerdos comerciales internacionales que tan importante papel han desempeñado en la eliminación de dichas barreras y las políticas impuestas a los países en desarrollo en el transcurso de la globalización.”

Y reconociendo que hoy día hay mayor riqueza en el mundo gracias a dicho fenómeno, cabe preguntar: ¿Dónde?: ¿En el primer mundo? ¿En el segundo? ¿En el tercer mundo? En opinión del profesor Michel Tissot, de la Universidad de Santiago de Cali, “La consecuencia de este proceso ha sido la conservación y reproducción de la pobreza en diferentes puntos geográficos del planeta. Se trata en realidad de un mundo de socios desiguales, donde los más poderosos fijan las reglas del juego y poseen los medios para hacerlas cumplir, al tiempo que los más débiles deben someterse a las mismas…. De hecho, el enfoque de la llamada globalización no es más que el pretexto para justificar la expansión planetaria del capital transnacional”. Por ejemplo, en el actual orden comercial mundial, los países desarrollados sostienen barreras que reprimen el intensivo flujo comercial en aquellos productos o servicios en los que los países en desarrollo tienen ventajas comparativas de costo, como por ejemplo productos textiles y agrícolas.

Sin embargo, este fenómeno conlleva más que sólo números y estadísticas, porque si se pretende eliminar barreras para los bienes y servicios, esto no siempre sucede con las grandes murallas para las personas (sin perjuicio de las integraciones regionales) donde se trata de dificultar cada vez más el acceso a empleos a los no connacionales, y con el pleno conocimiento que la valía del talento humano es vital para la “era global”. Actualmente, el capital procura su expansión, es decir, internacionalización, proceso que consecuentemente desnacionaliza al pueblo, su credo, cultura, idiosincrasia y mentalidad, eso si, sin pretender redituarlos con los mismos beneficios que éste obtiene, aún a sabiendas de las externalidades que provocan, ya que se trastoca irreversiblemente la vida cotidiana.

En conclusión, la visión del fenómeno globalización puede ser positiva: somos una unidad (aunque en la diversidad, que debe interactuar constante y permanentemente, lo cual es estupendo pues nos permite complementarnos en distintas maneras). No obstante, hay que redirigir el resultado quese persigue, o por lo menos, el que debería perseguir, pues los grandes intereses económicos particulares han sido y siguen siendo el motor que esta creando a la vez importantesavances junto a graves problemas para la humanidad: el cambio climático, la crisis alimentaria, la dependencia de combustibles fósiles y las crisis financieras. No hay pues, dentro de nuestra realidad de “mundo global”, más alternativas que entendernos unos con otros: los unos, aprender de las experiencias económicas exitosas para lograr una inserción a la dinámica actual, que depende en gran medida de la actitud de la población y sus organizaciones ante el impostergable reto de prosperar; pero sin que el capital olvide el fin último de la economía, que es lograr el mínimo nivel deseable de bienestar general paratodos los pueblos, una globalidad.


Tatiana Gabriela Morales Toval
Estudiante de Relaciones Internacionales


[1]Véase Informe Estadísticas del Comercio Internacional 2009, OMC
[2]VéaseWorld Development Indicators database, World Bank, 2009
[3]Véase Canals, Jordi. Globalización. Hacia la Interdependencia. Biblioteca IESE de Gestión de Empresa, Universidad de Navarra. Barcelona, España, 1996. Págs. 14-15
[4]Véase Programa Pensemos globalmente: Lecciones efectivas para entender la interdependencia de la economíamundial. IMF Center

[5]Véase Romero Molina, José Luis. Globalización: conceptos y perspectiva en Nicaragua. Centro interuniversitarios de estudios latinoamericanos y caribeños, CIELAC- UPOLI. Managua, 2007. Pág 3.

La reforma fiscal: condición necesaria para reducir la pobreza

Hay dos aspectos fundamentales para la reducción de la pobreza: el crecimiento económico sostenido y la redistribución de esta riqueza. Con estos dos parámetros se crean sociedades modernas con un alto grado de cohexión social y en el que la economía cumple su función principal que no es otra que mejorar el bienestar del conjunto de los ciudadanos.

Los países mas avanzados en la aplicación de estos principios son los países nórdicos (Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca) que con una presión fiscal de hasta el 50% de su producto interior bruto y con un gasto social que ronda el 30% de presupuesto del estado garantizan una cobertura de las necesidades sociales básicas de todos sus ciudadanos y un nivel de vida digno para los más pobres. Este sistema da lugar, entre otras cosas, a que haya mas emprendedores y personas dispuestas a crear empresas y por consiguiente riqueza, asumiendo riesgos, ya que saben que si fracasan tienen un estado que no los dejara caer en la indigencia.

Por otro lado tenemos el sistema de Estados Unidos que con una presion fiscal del 25 % del PIB y un gasto social del 16% del presupueto del estado que ha dejado una herencia a la administracion Obama de 40 millones de estadounidenses sin seguro médico, ademas de un sistema educativo y de cobertura social. en general, muy debilitado.

Con una presion fiscal del 17% del PIB y un gasto social del 36% en el 2006, Nicaragua, esta muy lejos incluso de la presión fiscal de Estados Unidos, y por tanto, tiene un amplio margen para aumentarla, haciendo que las rentas más altas contribuyan al presupuesto público en mayor medida. Solo la eliminación de ciertas exenciones podría suponer unos ingresos adicionales de alrededor de 250 millones de dólares, suficientes para equilibrar el presupuesto y aumentar el gastos social considerablemente.

Por el lado del gasto la redistribución de recursos parace en línea con los países más avanzados: Nicaragua gasta 36 % del presupuesto en politicas sociales, una cifra razonable aunque dada la tasa de pobreza del país se justificaría incrementar este porcentaje por encima del de otros paises desarrollados, que no tienen un problema grave de población viviendo en la indigencia y con grandes necesidades en materia de salud, educacion y vivienda.

El sistema tributario nicaragüense se podria definir como un sistema complejo que se caracteriza por sus altos efectos de distorsión de la economía, en el que no existe correspondencia entre la importancia de los sectores económicos y su carga impositiva. Un sistema que tiene un alto coste administrativo para recaudar, un alto grado de discrecionalidad y un alto nivel de fraude. La consecuencia de esta estructura tributaria es que la diferencia de renta entre el segmento de la población que mas ingresos genera y el que menos aumenta después de aplicar esta estructura impositiva, teniendo un efecto regresivo en la redistribución de la riqueza que debería ser el principal objetivo de cualquier sistema tributario.

El sistema ideal debería dar un trato equitativo y progresivo a todos los contribuyentes. Con tipos impositivos mas altos para los sujetos pasivos que tiene una renta más alta y menores para los contribuyentes con rentas mas bajas. Además, se debiera asegurar que dos contribuyentes con los mismos ingresos estén sujetos al mismo gravamen. Este tratamiento tendría el beneficio de generar un sentido de justicia que ayuda a la mejora progresiva del cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.

El sistema debería ser eficiente, tratando de distorsionar lo menos posible el funcionamiento de la economía en lo que respecta al crecimiento económico a través de la inversión productiva, el empleo y la mejora de la productividad de todos los factores, con precios al consumo lo más bajos posibles. La menor incidencia del sistema fiscal en la economía requiere un sistema que amplíe su base imponible en los impuestos directos y evite aumentar los indirectos que gravan el valor añadido de la producción y el consumo.

El sistema debería ser lo más simple posible. Cualquier sistema complejo y confuso está abierto al fraude, la colusión y aplicación distorsionada. Por lo general, el sistema tributario debería ser manejable por la administración y de fácil cumplimiento por el contribuyente.

Por el lado del gasto el sistema ideal debe producir una transferencia de rentas hacia las capas mas desfavorcidas de la población para cubrir sus necesidades básicas en materia de salud, educación, vivienda y alimentación. Esto se consigue con mas recursos pero también con una mayor focalizacion del gasto en la población de rentas mas bajas, mejor gestión financiera, mayor transparencia en las licitaciones, una funcion pública profesionalizada y un sistema de control acompañado de una ley penal anticorrupción que penalice con fuerza a los funcionarios que malversen los fondos públicos.

El camino se debería iniciar con una reforma tributaria integral que conlleva un largo proceso de cambio. Esta reforma debe tocar cada elemento del sistema, desde la estructura tributaria, los componentes, los hechos generadores, los marcos jurídicos, los procedimientos, y la administración efectiva del sistema. Una reforma integral es necesaria porque el sistema como es, es tan débil, que hace despreciar las reformas parciales, que no han tenido exito ni en Nicaragua ni en otros paises de América Latina. Solamente con un acercamiento general al problema se puede construir un sistema que fomente un crecimiento económico a favor del bien estar general de todos los nicaragüenses.

Como dice el Sr. Baez Cortés y yo no sabria definir mejor. “La fiscalidad es la expresión material de la conciencia que una sociedad tiene del bien común” .

¿Es posible eliminar la pobreza en Nicaragua?: algunas claves

Seguramente todos los actores políticos, económicos y sociales de Nicaragua están de acuerdo en que el mayor problema del país es la pobreza. A partir de este consenso general es donde empiezan las discrepancias: ¿Qué se entiende por pobreza? ¿Cuál ha sido la evolución de la pobreza a lo largo de los años? ¿Cuales son las políticas más adecuadas para reducir la pobreza?. Las respuestas a estas preguntas ya no son unánimes y viene bien hacer ciertas aclaraciones.

En primer lugar hay que definir que se entiende por pobreza. Pobreza debería definirse como la carencia de recursos económicos para cubrir las necesidades básicas de una persona, y que ésta pueda llevar una vida digna. Podemos hacer definiciones más amplias y complejas basadas en una visión multidimensional de la pobreza pero eso hace que se confunda y desvíe en muchos casos la atención del problema principal, dando lugar a estrategias y políticas que se dispersan y que no terminan siendo un paradigma de eficiencia en la resolución del problema. Es como si para resolver un problema matemático en vez de simplificar una ecuación la complicáramos más, llegaríamos a cualquier resultado menos a la solución. He observado, también, que hay cierta confusión entre la causa de la pobreza (la falta de renta) y sus consecuencias (falta de educación, salud, nutrición, vivienda, etc.). Es importante que a la hora de actuar, igual que lo haríamos con una enfermedad, seamos conscientes de que tratar la causa es mucho mas eficaz que tratar los síntomas, que si bien alivian, raramente sanan al enfermo.

Una vez propuesta una definición de pobreza que simplifique el tratamiento del problema llegamos a una segunda pregunta: ¿Qué nivel de recursos económicos son suficientes para considerarse fuera de la pobreza, es decir, para que un ser humano o una unidad familiar cubran sus necesidades básicas. ¿Cuál es la renta mínima que podemos considerar razonable? Se ha acuñado un concepto generalmente aceptado de que vivir con mas de dos dólares supone estar fuera de la miseria, este concepto no parece el más adecuado dado que dos dólares no tienen el mismo valor en términos de capacidad adquisitiva en el Congo o en Nicaragua, por poner un ejemplo. Un concepto de canasta básica que incluya no sólo alimentos sino salud, educación, vivienda, gastos de luz y agua, si parece que nos acerca más a lo que puede considerarse una renta digna.

Otra dificultad que se plantea a la hora de analizar el problema es la falta de estadísticas consistentes y generalmente aceptadas en las que se pueda ver en que periodos y con que políticas se ha reducido, o no, la pobreza. Sin este elemento el riesgo de seguir aplicando políticas incorrectas se multiplica.

Definida la pobreza, sabiendo que parámetros se pueden utilizar para su medición y que políticas son las más beneficiosas para darle una solución, quedaría establecer la estrategia a seguir para su reducción y en última instancia su eliminación. ¿En que principios se debe basar una estrategia para que se alcance el resultado deseado? Como indica la extensa literatura sobre el tema, se requieren elementos como la apropiación por el país, una buena administración de los recursos y la alineación y armonización de los actores externos para suplir la falta de ahorro e inversión.

Hay otros aspectos importantes y menos analizados, como que, siendo realistas, la reducción de la pobreza es un problema de largo plazo. Se debería crear un plan de desarrollo a largo plazo que defina las etapas y las prioridades a seguir. Esta planificación plantea el problema de que existen periodos de gobierno de 5 años y al cambiar los gobiernos cambian las estrategias y las políticas. No se da tiempo, en muchos casos, a que se ejecuten los programas económicos y sociales programados, con el alto coste, la falta de estabilidad y predecibilidad que esto supone. Una estrategia seria de reducción de la pobreza debería estar basada en un plan a largo plazo, entre 15 y 20 años. Debería ser consensuado por los actores políticos, económicos y sociales, con el compromiso de que la reducción de la pobreza se convierta en una cuestión de estado y quede fuera de controversias partidarias. Habría que llegar a acuerdos en las políticas económicas y sociales, pero más importante que hacer énfasis en unos u otros aspectos, sería el hecho de dar continuidad a los trabajos, con la consiguiente credibilidad de la clase política ante los ciudadanos y terceros (donantes multilaterales, bilaterales y ONGs). Esta estrategia redundaría, además, en el aumento de los recursos asignados por los donantes y aumentaría la eficiencia en el uso de los mismos. Dada la importancia de los recursos aportados por los donantes a Nicaragua, más de un 40% del presupuesto del estado, las relaciones con los donantes deberían estar definidas en la estrategia general mediante mecanismos de trabajo acordados por todas las partes.

Quedaría de esta manera definida una metodología de trabajo a la que habría que darle un contenido, básicamente con dos políticas que son claves en la reducción de la pobreza.

En primer lugar la política económica. Más que hacer énfasis en los aspectos macroeconómicos, que no son sino un requisito necesario pero no suficiente, y a veces contraproducente para paliar las crisis y fomentar el crecimiento económico, las políticas económicas deberían centrarse en la modernización del aparato productivo. Una estructura económica, como la nicaragüense, basada en una producción agrícola de bajo valor añado y altos riesgos inherentes a la actividad (catástrofes naturales, sequías, plagas, etc.), que importa la gran mayoría de los productos manufacturados que consume su economía, no conseguirá alcanzar un superávit comercial que genere ahorro e inversión. La modernización del sistema productivo basado en las ventajas comparativas y competitivas de Nicaragua no debería ser tan complicada si el sector privado esta abierto a este cambio y el gobierno aplica políticas públicas que lo apoyen. Crear una agroindustria que incremente una producción más elaborada: conservas, derivados de la leche, alimentos congelados, por dar algunos ejemplos. Desarrollar el sector turístico o la promoción de las nuevas tecnologías, llevaría a que se alcancen niveles de desarrollo similares a los de ciertos países asiáticos. En los años 70 algunos organismos internacionales aconsejaban a Corea del Sur basar su economía en la agricultura, dado su gran potencial de desarrollo, sobre todo en arroz. Afortunadamente los coreanos impulsaron un crecimiento industrial y tecnológico apoyado por políticas públicas, y una cultura de anteponer el interés general al particular, que les permitió modernizar el país y entrar en el club de países desarrollados.

En segundo lugar tendríamos que asegurar que el beneficio de este crecimiento se reparte entre el conjunto de la población. Esto hace imprescindible una política fiscal redistributiva, basada en la imposición directa, que permita reducir la brecha social existente entre los más ricos y los más pobres, consolidando una clase media que es la base de toda sociedad desarrollada. Una señora de los países escandinavos con la que tuve el placer de coincidir en un curso en la Universidad de Columbia, me decía que ella no podía entender como en una ciudad como Nueva York hay personas durmiendo en la calle. En su país ella pagaba el 50% de su salario en impuestos pero eso no ocurría. Un sistema fiscal que nos lleve a una cultura social como la nórdica, en que sus ciudadanos están orgullosos de pagar impuestos para que nadie se encuentre en la indigencia, es cuestión probablemente de décadas pero, quizás, si tomamos ese camino lo que no se pudo conseguir con una revolución se pueda conseguir con sentido común, responsabilidad, acuerdos, trabajo y honestidad.